Buscando el equilibrio
Banif.-Tras los intentos fallidos de formar una coalición de Gobierno, según el informe diario de Banif, por parte de los principales partidos griegos, la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo mes de junio, junto con el auge en las encuestas de intención de voto de los partidos “anti-rescate” continúa arrojando una fuerte incertidumbre respecto a la situación política en Grecia. No obstante, a pesar del contexto adverso, pensamos que una salida de Grecia del euro sigue teniendo una probabilidad, dado que los costes y los riesgos tanto para Grecia como para Europa sobrepasan a los eventuales beneficios. Para Grecia, los costes de una salida de la unión monetaria son evidentes.
Una salida en el corto plazo sería desordenada (por definición), derivada de que el eventual nuevo Gobierno griego opte por no continuar honrando los compromisos adoptados con la Troika. Así, tanto la UE como el FMI dejarían de continuar financiando a Grecia, lo que implicaría que el Banco Central Europeo no podría seguir concediendo liquidez al sistema financiero heleno. Por tanto, con Grecia fuera del Eurosistema, el colapso del sistema financiero heleno sería inmediato. Con un colapso total de la financiación exterior, sería necesario que Grecia intentase conseguir un superávit fiscal inmediato, mientras haría frente a salidas muy importantes de depósitos y un periodo de contracción económica severa. De hecho, todos los factores enumerados anteriormente se reforzarían entre si.
Si bien, la reintroducción de un dracma depreciado respecto al euro tiene efectos positivos sobre la competitividad de las empresas helenas, muchas compañías locales no podrían permitirse pagar sus deudas en divisa extranjera, lo que vendría a complicar aún más la situación de un sector privado falto de financiación. En este punto, hay que recordar que la economía helena (con un peso del sector exterior sobre el PIB de aproximadamente sólo un 7%), al contrario que Argentina (las exportaciones representan cerca de un 20% del PIB), tiene pocas commodities que exportar que supongan una fuente cierta y recurrente de ingresos. Desde el punto de vista del resto de Europa, los costes de una salida de Grecia del euro también exceden a los beneficios, en particular por las implicaciones que un eventual contagio de la situación podría tener sobre el conjunto de la zona Euro.
Así, la relación directa de la economía helena con el resto de la zona Euro, tanto desde el punto de vista comercial como financiero es limitada, y por tanto las consecuencias directas podrían ser asumidas por Europa. Y es que la mayor parte de la exposición europea a Grecia ha pasado del ámbito privado/financiero al sector público, encontrándose las mayores concentraciones en vehículos como el EFSF y las posiciones del BCE, cuyo montante suma aproximadamente 290.000 millones de euros. Así, poniéndonos en el peor de los casos y asumiendo una tasa de recuperación de entre el 20% y el 50%, la pérdida que Europa tendría que asumir apenas rondaría el 1%-2,5% del PIB, un porcentaje que consideramos asumible por parte de la zona Euro.
No obstante, el riesgo fundamental consiste en que una eventual salida de Grecia sentaría un peligroso precedente, lo que podría dar pie a que el riesgo de contagio se extendiese al resto de periféricos. El Consejo de Política fiscal y financiera de España se saldó favorablemente, obteniendo de las Comunidades Autónomas el compromiso para ajustar sus cuentas públicas y garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el 1,5% del PIB regional. Este compromiso del conjunto de las comunidades se traduce en un ajuste global en sus arcas públicas para este año de 18.349 millones de euros.
La mayor parte de esta consolidación presupuestaria procede de recortes de gastos, unos 13.071 millones de euros. Aunque también habrá subida de impuestos autonómicos por 5.278 millones. Consideramos positivo de cara a generar confianza en la comunidad inversora el balance que se extrae de los planes económicos – financieros de reequilibrio que han presentado las Comunidades autónomas para el cumplimiento de los objetivos de déficit. La reducción de salarios públicos, la congelación del gasto en inversión o la subida del tramo autonómicos del IRPF, son algunas de las iniciativas contempladas. El mensaje de compromiso con los objetivos de consolidación fiscal es contundente y transparente, sin dejar margen para la duda.
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