Bifocal
Banif.- En este inicio de semana, el foco político ha virado desde Europa hasta EEUU debido a que el “Super Comité” –comité paritario de demócratas y republicanos- no termina de llegar a un acuerdo acerca de los ajustes a acometer a largo plazo en clave presupuestaria (ayer emitió un comunicado reconociendo tal efecto). De no alcanzarse el 23 de noviembre un consenso para reducir el déficit en al menos 1,2 billones de dólares a lo largo de la próxima década, o si el Congreso no aprueba el acuerdo que se logre (límite el 23 de diciembre), se incrementaría de forma notable la probabilidad de que las exenciones del 2% en el impuesto sobre el trabajo y la extensión de los subsidios de desempleo -que en 2011 aumentarán la renta disponible familiar en unos 160.000 millones de dólares- no sean prorrogadas más allá del 1 de enero de 2012. Como consecuencia de la Ley de Control Presupuestario (el acuerdo para elevar el techo de la deuda) del pasado mes de agosto, la no consecución de un acuerdo provocaría la entrada en vigor de ajustes automáticos (a partir de 2013) que afectarían por igual al gasto discrecional y al social y que podrían tener un impacto anualizado en el PIB 1T13 de entre 1,5 pp y 2 pp. Por tanto, las implicaciones económicas directas de corto plazo son mínimas, exceptuando el impacto adverso que podría tener un acuerdo fallido en la extensión de los estímulos anteriormente citados.
Para extender ambos programas (exenciones y subsidios), el Congreso probablemente tendría que hallar medidas que contrarrestaran los pagos derivados de los mismos. Teniendo en cuenta que el clima político no se encuentra en “el mejor de los mundos”, encontrar 160.000 mill.$ de ahorro en términos de déficit para extender ambos incentivos en la misma cuantía que este ejercicio puede suponer un listón demasiado alto de superar. Y lo más negativo es que la finalización de estos estímulos podría suponer un lastre sensible para el crecimiento del ingreso personal disponible a lo largo del primer tramo de 2012. Nuestra estimación es que si los dos estímulos expiran, el drenaje en términos de crecimiento anualizado del consumo en 1T12 podría situarse en el entorno de 1,5 puntos porcentuales (1 pp en clave de PIB). Mirando más a largo plazo (a partir de 2013), un fracaso del “Super Comité” desencadenaría de forma automática restricciones en el gasto federal que reducirán el déficit a lo largo de los diez próximos años (empezando el 1 de enero de 2013) en al menos 1,2 billones de dólares.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que el gasto federal será recortado en aproximadamente 110.000 mill.$ por año empezando en 2013, con los recortes divididos a partes iguales entre gasto en defensa y no defensa. La cuestión que subyace ahora es si estos recortes automáticos ocurrirán de forma efectiva o si el Congreso o la Administración encontrarán alguna manera, vía legislación, para evitar su activación. El riesgo de que este último punto se materialice, no obstante, es que las agencias de rating vuelvan a poner en vigilancia la calificación soberana de EEUU. Más adelante, a finales de 2012, el Congreso actual y la Administración necesitarán asimismo afrontar si extienden o no las reformas fiscales introducidas en 2001 y 2003. Sin embargo, pensamos que estas cuestiones no se abordarán en profundidad hasta la celebración de las elecciones presidenciales de noviembre, dejando una nube de incertidumbre política sobrevolando el terreno económico estadounidense durante buena parte de 2012. Todo lo anterior no va a impedir que la situación soberana europea siga constituyendo uno de los principales catalizadores del mercado a lo largo de las próximas semanas.
Los inversores continúan siendo relativamente escépticos en lo referente a su resolución, sin tomar ninguna apuesta clara respecto a la dirección que tomarán los activos de riesgos. Así, aunque las caídas en los activos de riesgo desde la reunión del 26 de octubre han sido menores que tras la cumbre del Consejo Europeo del 22 de julio, los inversores podrían requerir una acción más decisiva por parte del Banco Central Europeo en su programa de compra de deuda (SMP), así como un mayor progreso en la adopción de reformas, para ver una clara mejora en el sentimiento y una estabilización del precio de los activos.
En este sentido, los últimos cambios en los gobiernos europeos parecen haber fallado a la hora de aportar confianza adicional a los inversores. Así, en España, la mayoría absoluta del Partido Popular podría dar pie a una mayor consolidación fiscal y reformas estructurales, lo mismo que prometen los gobiernos tecnócratas de Italia y Grecia. No obstante, la acogida de estos cambios por parte de los inversores ha sido más bien tibia según iba cambiando el foco de los mercados hacia EEUU y su ecuación fiscal.
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